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martes, 1 de febrero de 2022

Defensoría del Pueblo acompaña a campesinos del Pnis en Córdoba



Hasta el refugio humanitario construido por los campesinos en el sector La Apartada de Valencia, en Tierralta, hicieron presencia los funcionarios de la Defensoría del Pueblo regional Córdoba para brindar un acompañamiento en medio de las labores de protestas.


La labor fue dada a conocer este martes 1 de febrero tras abrir espacios de diálogo con los manifestantes inconformes por incumplimientos relacionados con acuerdos de paz y Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.


Cervelión José Cogollo Acevedo, representante legal de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, aseguró que permanecerán instalados en el sector conocido como La Apartada de Valencia.

 

“Estamos movilizándonos un total de 4 organizaciones y 90 juntas de acción comunal que conforman más de 4.300 campesinos y no nos levantaremos de nuestro refugio hasta que el Gobierno nos solucione la problemática de la implementación del acuerdo de paz”, indicó el líder comunal.

 

Una de las exigencias de los manifestantes tiene que ver con la implementación del proceso de paz y la legalización de la tenencia de la tierra por parte de los campesinos.

 

Cabe recordar que en su reciente visita a Córdoba el director de Sustitución de Cultivos ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, Hernando Londoño Acosta, dijo que si bien podría haber interés en los grupos al margen de la ley para evitar que se verifique la siembra de hoja de coca, habría otros sectores tomando el Pnis como una plataforma para llegar a puestos de elección popular.

 

“Fue anunciada una manifestación y movilización en Tierralta con el argumento del incumplimiento del programa en Córdoba, pero no se está incumpliendo y el Gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que le va a cumplir a las 100 mil familias a nivel nacional en el marco de la política de paz con legalidad, eso equivale a unos 400 mil colombianos. Eso significa unos costos superiores a los $3.6 billones de pesos de los cuales este Gobierno ya ha entregado $2.2 billones de pesos a estas familias, ese presupuesto es tan significativo como decir que en Tierralta ya aprobamos inversiones por más de $53 mil millones de pesos a la fecha, recursos que en ese municipio se tardarían más de 25 años en llevarse a esas familias”, dijo.

 

Para el caso del departamento de Córdoba se han hecho inversiones de $103 millones de pesos y actualmente está en trámite una licitación que será adjudicada por $49 mil millones de pesos adicionales, lo que llevaría a más de $152 millones de pesos las inversiones.

 

“Lo que hay que tener claro es que el Pnis cuando se diseñó no tuvo en cuenta que las familias  que cultivaban coca estaban en el Parque Nudo de Paramillo o que estaban en zonas de reserva forestal de la ley segunda y entonces cuando usted quiere implementar proyectos productivos en un parque natural tiene que cumplir con los requisitos establecidos,   es decir, nosotros no podemos implementar proyectos de ganadería, porque la ley nos dice que allí solo se puede el pago por servicios ambientales, pero la gente no quiere así”, explicó.


Según el funcionario, el sistema de monitoreo que utilizan las autoridades antinarcóticos ha permitido detectar que en esos territorios nuevamente hay cultivos ilícitos.

 

“Ellos alegan el incumplimiento, pero para poder llevar a cabo los proyectos productivos necesito que suscriban los convenios de uso de tierra y no los están suscribiendo. Necesito que accedan a pagos por servicios ambientales y no quieren. Necesito que me dejen ingresar a la Organización Naciones Unidas en Saiza, y en otras poblaciones del sur de Córdoba y no dejan entrar a la comisión. Entonces es un contrasentido en el que alegan incumplimiento, pero tampoco nos permiten ejecutar. Yo no quiero adelantar especulaciones, pero uno empieza a pensar que la negativa será porque hay coca y no quieren que se sepa”, sostuvo.


Según los reportes, la mayoría de familias han cumplido con las labores de erradicación en un 99%.

 

“En este momento se niegan aproximadamente unas 2 mil familias que están rechazando los derechos de uso y los acuerdos, pero hay otras que no nos están dejando ingresar. No son precisamente las familias, sino grupos que están presionando a las comunidades para que no dejen entrar a verificar. Estamos hablando de grupos armados y seguramente hay intereses de que el Gobierno no pueda ingresar para después decir que no se está cumpliendo, es decir estamos en una época preelectoral, y el Pnis se está utilizando en muchos territorios como una plataforma para acceder a corporaciones públicas, de hecho, muchos de los líderes del Pnis están participando como candidatos a las curules de paz y a otras curules que están disponibles en otras campañas”, puntualizó.