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martes, 22 de junio de 2021

Responsabilidad derivada del ejercicio del Derecho a huelga y a manifestarse pública y Pacíficamente


POR: RAFAEL ALBERTO ZÚÑIGA MERCADO


@YZMprofesionales


En términos de la Constitución Política, Colombia, como Estado Social de Derecho, reconoce el ejercicio y garantía del Derecho de Huelga, el Derecho del pueblo a reunirse y a Manifestarse Pública y Pacíficamente bajo los parámetros, excepciones y limites que disponga la Ley. Así lo reconoce la Corte Constitucional al señalar: “[..] los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica son derechos autónomos de libertad que, además, se encuentran interrelacionados con los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la participación. Solo pueden ser limitados mediante ley, tienen una dimensión estática, cuando se trata de la reunión o dinámica, en los eventos de manifestación, y su titularidad es individual, aun cuando su ejercicio es colectivo y convoca a una agrupación transitoria con un mismo objetivo […]” (C-009-2018).


Caso contrario, el Derecho de Huelga, que tiene una prohibición expresa reglada en el Código Sustantivo del Trabajo, a saber: “ARTICULO 379.Es prohibido a los sindicatos de todo orden: (…) e) Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones (…) con sus trabajadores […]”, como lo son el Arreglo Directo (Art.432) o mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores (Art.444).


En ese sentido, tanto el Derecho de Huelga y el Derecho a manifestarse Pública y Pacíficamente deben ejercerse bajo unos parámetros de licitud de objeto y de causas so pena de incurrir los intervinientes en regímenes de responsabilidad frente a terceros; por cuanto, quien en el ejercicio de esos derecho ha cometido un delito o culpa, que haya inferido daño a otro, es obligado a la indemnización de perjuicios, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido (Código Civil, Art.2341). A su vez, el Estado deberá garantizar su ejercicio so pena de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o sus servidores públicos (Constitución Política, art.90), pudiendo ser sujetos accionables mediante los medios de Control dispuestos en lo Contencioso Administrativo.


Se resalta, por tanto, que el ejercicio de los derechos a la reunión y manifestación pública y pacífica, al tener lugar en el espacio público, inciden en los derechos y deberes de otros ciudadanos y en la posibilidad de su uso de los bienes públicos, no requiriendo autorización previa por parte de autoridades administrativas. Luego, aun cuando la protección a esta libertad es amplia, de su ejercicio no se puede desencadenar un desequilibrio irrazonable en relación con los derechos de terceros, la seguridad ciudadana y el orden público, ni puede significar un bloqueo absoluto de la vida en sociedad. No obstante, se debe recordar que estas posibles tensiones deben abordarse desde la razonabilidad y la proporcionalidad.


Por su parte, una huelga declarada judicialmente como ilegal por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior competente habilitará al empleador para dar por terminado unilateralmente el Contrato de Trabajo en los términos del artículo 61 y 455 del C.S.T. a quienes hubieren intervenido o participado en él, y respecto a los trabajadores amparados por el fuero el despido no requerirá calificación judicial.


Lo anterior tampoco puede traducirse en que el ejercicio de los derechos a la manifestación y reunión pública y pacífica no impliquen alteración alguna a la cotidianidad, pues como se advirtió, uno de los propósitos del ejercicio de estos derechos como canales de expresión legítima en una sociedad democrática es perturbar la vida comunitaria “normal”, en aras de llamar la atención sobre una idea particular (Corte Constitucional, 2018).


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