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lunes, 21 de junio de 2021

¿Cuánta plata se han robado en pandemia según la Fiscalía?: Córdoba en la lista



La Fiscalía judicializó a los esposos César Germán Torres Pedreros y Jasbleidy Hernández Mosquera señalados de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Según la investigación ellos suscribieron en marzo del año pasado un contrato por 8’627.500 pesos con el municipio de Cunday para la adquisición de 15 termómetros digitales infrarrojos, esto en el marco de las medidas preventivas para enfrentar el Covid19. 


Peritos de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima e investigadores de CTI evidenciaron que los elementos no eran aptos para ser usados en humanos, pues eran tipo industrial, y estos son diseñados para temperaturas de hasta 700°C.


Ese es uno de los últimos casos en los que la Fiscalía ha tomado decisiones judiciales contra personas vinculadas a irregularidades en la contratación en el marco de la pandemia.​


En su momento el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, anunció que el ente acusador haría un estricto seguimiento para evitar que particulares, funcionarios y mandatarios se apropiaran de recursos del Estado “bajo la apariencia de actuar motivados en brindar suministros a la población más vulnerable y afectada”.


Los investigadores han examinado seis mil contratos por cuantía de 667.539’927.490 pesos. Tras adelantar investigaciones en todo el país, se han encontrado posibles irregularidades que han llevado a la realización de 27 imputaciones de cargos en 13 departamentos (Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés).


La Fiscalía acusó ante la Corte Suprema de Justicia al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades de contratación con motivo de la emergencia sanitaria por el covid-19.


El mandatario firmó un contrato de forma directa con la Fundación Chocó Saludable por más de 2.000 millones de pesos para dar charlas a comunidades indígenas y afros, así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales.


Otros dos gobernadores, el de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, y el de Putumayo, Florencio Rosero Peña, también fueron llevados ante la justicia, y según un informe de la Fiscalía tienen medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.


El primero responde por presuntas irregularidades en un contrato por 500 millones de pesos para material publicitario suscrito durante la emergencia, y el segundo, por presuntas “irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1.º de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por 3.460’634.610 pesos para atender la pandemia de covid-19”.


Igualmente, la Fiscalía les imputó cargos a dos exalcaldes de localidades de Bogotá, entre ellos el de Los Mártires, vinculado a un contrato por 600 millones de pesos para atención humanitaria. El contrato no habría tenido “una correcta planeación ni tuvo en cuenta requisitos previstos en las normas de contratación pública”.

 

Además, se detectó ausencia de estudios de mercado y de la población por beneficiar, desconocimiento de los valores de los productos incluidos en los kits alimentarios y de bioseguridad.