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jueves, 8 de octubre de 2020

Fiscalía pide libertad de Uribe y dice que proceso no inicia de ceros

Durante la audiencia ante la juez 30 de Bogotá el representante de la Fiscalía señaló que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no iba a iniciar de ceros pero que se debía conceder la liberad del exmandatario.

E​l fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, encargado del caso inició su intervención pidiendo que el caso se mantenga en el campo judicial y legal y no en lo político, para que se resuelva "lo que en derecho corresponda".

Uribe es procesado por soborno y fraude procesal.

Jaimes Durán indicó que hay que resolver como preservar el ordenamiento judicial al realizar el cambio de un sistema penal a otro, pues la misma normatividad no da esa claridad y se debe acudir a la interpretación que han dado los mismos jueces.

Añadió que el tema es de la mayor complejidad y se debe resolver con toda la rigurosidad en temas de garantías procesales y teniendo en cuenta las consecuencias sobre el proceso y las partes.

Al igual que Granados, el fiscal del caso hizo referencia al precedente de 'Jesús Santrich' y dijo que el caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía en una etapa avanzada y ya en el alto tribunal se había resuelto la situación jurídica del procesado.

Dijo que en la Fiscalía el proceso siguió en etapa de investigación.

Jaimes Durán señaló que las actuaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia en el caso Uribe son válidas y se tomaron en el marco de su competencia.

Hizo una larga explicación sobre las diferencias entre la imputación de cargos en el nuevo sistema y la indagatoria en el viejo esquema para concluir que no se pueden equiparar.

"No es lo mismo y no de puede decir que es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos", precisó el fiscal Jaimes Durán tras señalar que en el primero apenas se está investigando y en el segundo ya hay todo un trabajo investigativo que ha permitido llegar a conclusiones sobre la presunta responsabilidad del procesado.

El funcionario del ente acusador indicó que han empezado a revisar el caso y han encontrado circunstancias que permiten concluir que la forma de vinculación realizada afecta el debido proceso y se registran vulneraciones al ordenamiento.

Aclaró que en la indagatoria realizada en la Sala de Instrucción se hace referencia a un hecho penal pero que hay omisiones que dificultan el derecho a la defensa.

Indicó que por ejemplo no se le puso en conocimiento a Uribe Vélez la posibilidad de confesión o sentencia anticipada o alguno de los mecanismos para la terminación anticipada de los procesos.

Igualmemte criticó que la indagatoria fue desordenada y que no hubo claridad sobre la calidad de delito por el que estaba siendo investigado.

Además dijo que la indagatoria se realizó el 8 de octubre de 2019 y desde allí se debió garantizar su derecho a la defensa, pero por el cambio de sistema eso no ha sido posible.

Dijo que el sistema judicial debe responder a las victimas y su petición de verdad y justicia, pero que esto no puede afectar el debido proceso y poner en riesgo al proceso de nulidades futuras.

Y concluyó que el proceso debe seguir en la etapa de investigación y dejar sin efecto el acto de definición de la situación jurídica otorgando la libertad a Uribe.

"La investigación no parte de cero", añadió el funcionario tras indicar que no habrá impunidad y que seguirán examinando las evidencias que en su momento recolectó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

La petición de la defensa 

El abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizó la petición de libertad inmediata de su cliente asegurando que no se está cuestionando la decisión de la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención , sino el efecto que tendría en el proceso el cambio de sistema por el que se adelanta ahora la investigación.

Granados añadió que la defensa no está pidiendo la nulidad de lo actuado.

Granados señaló que en el año 2002 se estableció en la Constitución que le corresponde a la Fiscalía pedir las medidas de aseguramiento que corresponden para que las personas acudan ante los jueces y que los jueces de control de garantías serán los encargados de resolver ese tipo de solicitudes frente a la libertad de las personas.

Y añadió que ese tipo de peticiones se dan al momento de la imputación de cargos contra las personas investigadas y bajo algunos parámetros establecidos en la misma normatividad.

El penalista señaló que al pasar la investigación del sistema de la ley 600 a la ley 906 se deben tener en cuenta tres aspectos. ¿En qué etapa procesal está el proceso?, ¿En qué calidad se encuentra el investigado?, y si él debe seguir privado de la libertad.

Dijo que cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema definió que había perdido competencia sobre el caso tras la renuncia de Uribe vélez al Senado, no dijo cómo se debería dar el tránsito al nuevo sistema penal.   Igualmente dijo que antes del cambio de sistema, se había realizado una indagatoria, se resolvió la situación jurídica de Uribe Vélez ordenando su detención, pero no se cerró la etapa de investigación. Por ello dijo que ahora el proceso tendría que quedar en la etapa de indagación y se tendría que ordenar la libertad. "No se puede equiparar la diligencia de indagatoria con la imputación de cargos",señaló Granados.

Dijo que cuando la Fiscalía va imputar cargos es cuando ya tiene claro lo que sucedió, cuando considera que ya tiene evidencias suficientes para llevar al procesado ante los jueces y en cambio en la indagación apenas vincula a la persona a un proceso que está investigando aún.

Granados mencionó varios precedentes judiciales para ratificar que el proceso no puede seguir en la etapa de imputación de cargos.  Y advirtió que en el futuro una decisión contraría abriría la puerta en el futuro de una nulidad de lo actuado.

Igualmente señaló que si se fuera a equiparar la indagatoria con la imputación, ya estarían vencidos los términos para la presentación del escrito de acusación.

Presentó como antecedente el caso del congresista León Freddy Muñoz capturado en junio de 2018 con una sustancia con rastros de cocaína. Fue detenido e imputado ante un juez y al ser elegido en el Congreso su caso pasó a la Corte Suprema, pero no para avanzar en el juicio en su contra sino apenas para investigación.

Indicó que Uribe Vélez tiene derecho a ser tratado con igualdad y que se garanticen los derechos a su defensa.

Así mismo indicó que no es momento de dar el debate sobre que pruebas o evidencias pueden seguir siendo usadas en el proceso, pues eso está en manos de la Fiscalía en este momento.

Víctimas alertan por nulidad

El exfiscal general Eduardo Montealegre advirtió que la Fiscalía pidió una nulidad en medio de la audiencia y que eso no estaba previsto que esa solicitud se hiciera en esta audiencia.

Montealegre, se presentó para ser reconocido como víctima del expresidente Uribe, y pidió que la audiencia se suspendiera para conocer la indagatoria que rindió el exsenador ante la Sala de Instrucción de la Corte.

En ese mismo sentido se pronunció el exvicefiscal Jorge Ferrnando Perdomo, pues señaló que la Fiscalía sustentó gran parte de su argumentación en esa indagatoria.

Añadió que la audiencia era una petición de libertad y ahora se convirtió en una de nulidad, desbordando la razón para la citación.

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