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Aprobado en primer debate proyecto de ley de emprendimiento

El proyecto de ley de emprendimiento fue aprobado en primer debate en las comisiones conjuntas terceras de la Cámara de Representantes y el Senado. La iniciativa tiene como objetivo establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas.

El primer capítulo del proyecto de ley busca crear medidas para la racionalización y simplificación de procesos, trámites y tarifas. De hecho, se proponen tarifas diferenciadas según el tamaño de la empresa en temas como los registros ante el Invima y en el impuesto departamental de registro.

Asimismo, el artículo 5 propone crear un mecanismo exploratorio de regulación para modelos de negocio innovadores en industrias reguladas (sandbox).

Esto implica que “en un plazo no mayor de un año posterior a la promulgación de esta ley, deberá́ establecer una regulación complementaria que permita, en cada uno de los Ministerios y Sectores Administrativos, crear un ambiente especial de vigilancia y control, que facilite el desarrollo modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible en distintos ámbitos, a partir de la promoción de actividades intensivas en tecnología, innovación, uso sostenible del capital natural y/o tendientes a la mitigación de la acción climática”, indica el proyecto de ley.

El segundo capítulo va encaminado a fortalecer iniciativas productivas de poblaciones vulnerables, micronegocios y pequeñas empresas.

Entre las propuestas se destaca el artículo 8 sobre la contabilidad simplificada para microempresas:"El Gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado. El Gobierno podrá autorizar que las microempresas lleven contabilidad de acumulación, o de caja, o métodos mixtos, según la realidad de sus operaciones, así como según los criterios enumerados en el párrafo anterior".

También se destaca que el artículo 9 propone cambios en los esquemas de devolución del IVA: “Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas, la devolución de saldos originados en la declaración del impuesto sobre las ventas podrá ser solicitada bimestralmente”.

El proyecto de ley contempla un capítulo enfocado a promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en las compras públicas. Por ejemplo, se incluye a las mipymes en procesos de mínima cuantía, y se establecen nuevos criterios de desempate en las licitaciones para privilegiar estas pequeñas unidades productivas. De hecho, surgió una propuesta para que las pymes de mujeres tengan un puntaje preferencial.

Asimismo, el artículo 16 propone “las entidades estatales de acuerdo con el análisis de sector podrán incluir, en los documentos del proceso, requisitos diferenciales en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso de las mipymes al mercado de compras públicas”.

También hay una parte del proyecto de ley que va dirigido al financiamiento de las empresas. En este punto se modificará el objeto social y funciones del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para hacerlo más amplio al incluir nuevas actividades. Lo que servirá para que más empresas accedan a créditos gracias a las garantías del FNG.

Además, en el artículo 22 propone que “los intermediarios financieros y las organizaciones especializadas en crédito microempresarial, deberán reportar conforme lo determinen las entidades que ejerce su inspección vigilancia y control, los honorarios y comisiones cobrados”.

Uno de los puntos más llamativos del proyecto de ley es la que busca la unificación de las fuentes de emprendimiento y desarrollo empresarial.

Frente a esto el artículo 24 propone: “Unifíquense en un solo patrimonio autónomo el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y la Unidad de Desarrollo Empresarial creados por las Leyes 590 de 2000 y 1450 de 2011, que se denominará INNpulsa Colombia. Este patrimonio autónomo se regirá por normas de derecho privado, y será administrado por la sociedad fiduciaria que determine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con los lineamientos que fije el Gobierno Nacional”.

De esta manera, “INNpulsa será el patrimonio autónomo del Gobierno Nacional, mediante el cual las sociedades y entidades que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden Nacional, ejecutarán los programas, instrumentos y recursos para el emprendimiento y la innovación y el desarrollo empresarial en el país”, indica el proyecto de Ley.

Y es llamativa la propuesta del artículo 30 de crear un fondo especial para la promoción del emprendimiento en los beneficiarios del Icetex: “Este Fondo Especial permitirá la financiación total o parcial de programas especiales de formación, misiones empresariales, obtención de certificaciones, tutorías o mentorías especializadas o condonaciones de intereses corrientes en los créditos educativos vigentes”.

También se autoriza a los municipios para la creación de fondos temporales para el desarrollo y reactivación económica del emprendimiento.

La última sección del proyecto de ley busca fomentar programas de formación en emprendimiento en colegios, el Sena e instituciones de educación superior. También se propone programas de formación docente en temas de emprendimiento y desarrollo empresarial. Además, se busca crear consultorios empresariales que acompañen al emprendedor durante la constitución de su sociedad.

El debate comenzó con una ponencia de 40 artículos, pero durante las discusiones se incluyeron cerca de 20 nuevos artículos al proyecto de ley. Se destaca la propuesta de usar el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) como fuente de financiamiento para programas de emprendimiento. Los recursos saldrían de la venta de acciones de las empresas que hacen parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El proyecto de ley pasa ahora a debate en plenarias conjuntas de la Cámara de Representantes y Senado. Varios congresistas dejaron sus proposiciones sobre ciertos artículos como constancias para que el Gobierno las tenga en cuenta en la construcción de la ponencia del siguiente debate.

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