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miércoles, 19 de agosto de 2020

Defensa de Uribe solicitará hoy que su caso pase a la Fiscalía



La decisión del expresidente y exsenador Álvaro Uribe de renunciar a su curul en el Congreso tiene efectos inmediatos en el proceso que se sigue en su contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Ahora se tendrá que definir si su expediente lo mantiene la Sala de Instrucción de la Corte Suprema –que le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria– o si pasa a la Fiscalía, como los solicitará este miércoles su defensa, en cabeza de Jaime Granados.
Su renuncia irrevocable fue aceptada una hora después, con 82 votos a favor y 12 en contra.
Senadores que votaron en contra de su salida recordaron que el propio Uribe dijo, en julio de 2018: “Nunca he eludido a la Corte Suprema, para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basen en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”. En ese entonces, cuando se le abrió el proceso, echó atrás la renuncia.
Sin embargo, para allegados al senador, las cosas han cambiado. Aseguran que en las 1.554 páginas de la medida de aseguramiento nunca se vincula la conducta que se investiga –determinador de los sobornos– con su función de senador, a pesar de que sí se menciona que miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Uribe, habían recibido y tramitado temas relacionados con caso en la Corte.
Así las cosas, para la defensa, quedaría por fuera de la órbita de la Corte Suprema, a la luz del artículo 235 de la Constitución. Este señala en uno de sus parágrafos que así hayan cesado en el ejercicio de su cargo, mantienen su fuero aquellos cuyas conductas punibles tengan relación con las funciones desempeñadas.
En este punto se cita el caso del exsenador Yair Acuña, investigado por soborno dentro de un proceso que no tenía que ver son su función de legislador. Por eso, la propia Corte (incluida la Sala de Instrucción) lo dejó en manos de la justicia ordinaria.
Bajo esa lógica jurídica, la defensa de Uribe indicó que ya le pidió al Senado la certificación de la aceptación de la renuncia. Esta se adjuntará al proceso con la argumentación del por qué, en su criterio, la Corte pierde la competencia sobre el caso.
Según Granados, se hará el mismo procedimiento con cada uno de los casos contra su cliente que están en el alto Tribunal, cuyas conductas bajo la lupa no tendrían nexo con su función de senador. Entre estos están las indagaciones preliminares por presuntas interceptaciones ilegales y el de supuestos nexos con el hacker Andrés Sepúlveda.
“No podría existir algo diferente a que la Corte tramite la petición y pase el proceso a la Fiscalía. Acá no se está pidiendo un trato especial para el presidente Uribe sino que se aplique las normas vigentes como a cualquier otro ciudadano”, indicó Granados.
De hecho, no se descarta acudir a una tutela o a la Corte Constitucional para que se dirima la competencia.
Sin embargo, en caso de darse, afirma la defensa, ese cambio de jurisdicción no le permitiría la liberad inmediata del exsenador y tampoco cambiaría el momento procesal en el que se encuentra su caso.
En todo caso ese paso no es automático y será la Sala de Instrucción la que resuelva esa petición. Pero la definición de la suerte judicial que correrá el expresidente, ahora en su calidad de exsenador, puede tardar semanas o meses.
Fuentes del alto tribunal aseguran que la Sala Plena de la Sala de Instrucción primero tendrá que revisar un hábeas corpus que se presentó en Montería, pidiendo dejar en libertad a Uribe, y la petición de su defensa de quitarle la reserva al expediente. Además, la Corte está respondiendo cerca de 400 acciones de tutela.
Luego entrará a valorar si el expresidente queda fuera de su órbita judicial con su renuncia, en la que reiteró que la Corte le estaba violando sus derechos y fundamentando los señalamientos en pruebas ilegales, como los audios que se le hicieron por error.
Los antecedentes
Sobre la jurisprudencia existente en estos escenarios, un magistrado de la Corte aseguró que antes del 2009, una vez un congresista renunciaba, su proceso era enviado automáticamente a la Fiscalía.
Por lo general, argumentaban que no tenían doble instancia, falencia que ya fue subsanada con una reforma que entró en vigencia en enero de 2018 y que cobijaría a Álvaro Uribe. Por esa vía, los casos de varios parapolítica pasaron a la justicia ordinaria.
Sin embargo, en el 2009, al resolver el proceso de un legislador investigado por nexos con paramilitares (Édgar Ulises Torres) el alto tribunal cambió su jurisprudencia determinado que cuando un delito tiene relación con las funciones o el cargo de congresista, entonces aunque el legislador renuncie su proceso seguirá en el alto tribunal.
El magistrado consultado off the récord le dijo a EL TIEMPO que eso es justamente lo que ahora deberá valorar la Sala de Instrucción: si los presuntos delitos de Uribe tienen o no una relación con sus funciones y su cargo de senador. Pero además, dice el magistrado, todo dependerá de lo que la Sala de Instrucción interprete, lo que haya en el expediente, y lo que diga la ley.
Pero ¿qué posibilidades hay de que la Corte se quede con el caso? EL TIEMPO consultó con varios juristas que dieron su opinión frente a este tema. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla dijo que aunque no conoce el expediente, en el caso de Uribe no ve que el cargo haya tenido que ver con los delitos por los que lo investigan, por lo que afirma que “habría que hilar muy delgadito” para encontrar un nexo entre lo uno y lo otro.
Pero otra cosa piensa el abogado penalista Miguel Ángel del Río, quien afirma que como en el proceso la Corte asegura que Uribe supuestamente “hizo uso de su UTL para contactar testigos, radicar documentación, y reunirse con abogados”, esto implicaría que supuestamente “hizo uso de sus facultades senatoriales para interferir en el recaudo de pruebas”.
Por esa mención que la Corte hace de la UTL de Uribe es que del Río cree que el alto tribunal sí podría quedarse con el caso.
Pero para el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Ricardo Calvete, esa mención a la UTL “sería una interpretación muy forzada” y afirma que en este caso no ve una relación entre las funciones de senador y los presuntos delitos.
Otro jurista que pidió reserva indicó que es posible que la Corte “no se deje quitar tan fácil el caso” y además señaló que cuando salió el fallo del 2009, que es el que ha sentado jurisprudencia, no existía la Sala de Instrucción ni la ley de doble instancia (que comenzó a operar en el 2018), por lo que no es descabellado que ahora el alto tribunal haga una nueva valoración.
Por su parte, la profesora de derecho de la Universidad del Rosario Camila Correa afirma que en este caso no es sencillo reconocer la relación de los delitos con las funciones legislativas. Sin embargo, afirma que lo que habría que mirar son los argumentos bajo los cuales la Corte se atribuyó la competencia para investigar a Uribe.
De otro lado, el exmagistrado Calvete asegura que si la Sala de Instrucción no llegara a pronunciarse sobre quién debe seguir la investigación, incluso la Fiscalía podría plantear un conflicto de competencias que tendría que resolver la misma Corte Suprema de Justicia.

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